NELCY YASMIN BOTIA

MARCO TEORICO 

 La teoría del desarrollo humano busca que el centro de este sea la persona y no la acumulación de bienes materiales. Se trata así de brindar al ser humano oportunidades para que potencie sus capacidades y adquiera otras que le permitan ser y hacer aquello que valora. La persona es un fin en sí misma y no un medio para alcanzar riqueza. “La utilidad de la riqueza reside en las cosas que nos permite hacer”, asegura el nobel Amartya Sen (2000 p.30).

Ello significa que, en la planeación, como punto de partida de una gestión orientada a resultados, se debe tener como propósito establecer productos específicos para todos los ciudadanos que vinculen acciones dirigidas a víctimas (escuelas, vías, distritos de riego, restaurantes escolares, programas de vacunación, proyectos de generación de ingresos, específicos, etc.)., contribuyendo al logro de resultados estratégicos en términos de: aumentos de cobertura y calidad educativa, disminución de tasa de morbilidad y mortalidad,(conectividad para el transporte de productos agrícolas, mejoras en las tasas de nutrición infantil, garantía de derechos, etc.

Esta articulación efectiva de los resultados produce entonces, un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida, en la superación de condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad y en el desarrollo integral económico y social de la entidad territorial. Asimismo, es necesario considerar que la implementación de la política de víctimas y restitución de tierras logra mayor efectividad si es incorporada en forma apropiada en la formulación del Plan de Desarrollo territorial especialmente si se tiene en cuenta que este será el punto de partida para la formulación detallada del Plan de Acción Territorial.

 En este sentido, las acciones que materialicen la oferta programática contenida en el plan de desarrollo y traducida en planes, programas y proyectos debe enmarcarse en la garantía de los derechos que fundamentan las medidas y componentes de la política de víctimas. A partir de estos referentes hay tres alcances para la inclusión de las diferentes acciones de la Política de víctimas y restitución de tierras en el plan de desarrollo territorial.

 La superación de la vulnerabilidad de las víctimas requiere adicionalmente acciones en materia de identificación, reunificación familiar y orientación ocupacional, que, aunque son responsabilidad de entidades del gobierno nacional, la entidad territorial debe garantizar el acceso de las víctimas de su territorio a estos servicios, para lo cual a partir de la identificación especifica de necesidades debe realizar las gestiones para apoyar su atención.

PROBLEMATICA

 Los y las jóvenes víctimas, sus posibilidades de empleo

Las estadísticas de empleo para población víctima del conflicto armado son muy precarias hasta el momento, pero recientemente fue realizado un estudio por parte de la Red de Observatorios regionales de mercado de trabajo, cuyo objetivo fue establecer una línea de base para la población desplazada, con relación al mercado laboral, este estudió registró que “la tasa de desempleo para población desplazada es de 35.5%, mientras que el total nacional fue del 10.2% en el año 2012. Las mujeres representan el 56.1% de la población desplazada desempleada”.

La población desplazada está en gran riesgo de caer en la indigencia debido a su alta tasa de desempleo; puesto que la mayor parte de esta población son mujeres, siendo este grupo poblacional el más afectado por el desempleo. La gran apuesta es generar ingresos estables y en condiciones dignas que permitan reducir la desigualdad de la población desplazada.

El estudio mencionado señala que “La composición por edades refleja que el 25.6% de la población desplazada en edad de trabajar es joven 10 a 26 años y el 23% son personas de 36 a 50 años. La tasa global de participación TGP de la población desplazada es del 62% y la tasa de ocupación es de 40%. En una comparación de datos entre la población desplazada y el total nacional se encuentra que la población desplaza tiene mayor dificulta para ocuparse, es decir tiene 3 veces mayor probabilidad de estar desempleada”.

Las personas desplazadas se dedicaban a las labores del campo, actualmente viven en las ciudades donde su perfil ocupacional rural es inadecuado para el mercado laboral urbano. Su condición de desplazada generó estigmatización en la sociedad, pues entre la población en general se dice: “que tal vez algo debía y por eso tuvo que abandonar su lugar de residencia”. Todo lo anterior sumado a la falta de una política de generación de ingresos para víctimas acorde con su perfil productivo, enfoque diferencial, formación y capacitación para el trabajo adecuado a las exigencias del mercado laboral actual.

“Los departamentos con mayor diferencia en la Tasa de desempleo TDD y Tasa de Ocupación de población desplazada TDPD  son Magdalena con 38.5 puntos porcentuales, Guajira 35.7, Chocó 34.1 y Cesar 33.7.  La brecha es menor en: Nariño 16.9 puntos porcentuales, Boyacá 16.8 y Quindío 13.9”.En año 2010 de acuerdo a los registros de Codhes los departamentos de Magdalena, Guajira y Chocó fueron víctimas de desplazamientos masivos, podría explicar en estos departamentos la presencia de altas tasas de desempleo que están por encima de la media nacional aún para la población en situación de desplazamiento.

Las mayores diferencias entre la TDD Y LA TDPD pueden explicarse porque la economía tiene problemas de competitividad, bajos niveles de capital humano y una reducida infraestructura de transporte y telecomunicaciones. Además, es dependiente de la agricultura y la minería.  Los conflictos ocasionados por la tenencia de la tierra para su uso en la agricultura y en la minería son grandes factores causantes del desplazamiento forzado.

“La población total empleada con relación al número total de desempleados del departamento, es allí donde la población desplazada tiene mayor peso en el número total de desempleados del departamento estos son: Magdalena, Caquetá, Sucre, Cesar y Chocó...La población joven desplazada tiene un gran peso entre la población desplazada desempleada es superior 58%, en especial en Cundinamarca y Meta que representan el 72% del total de desplazados desempleados. También en Antioquia el desempleo juvenil es significativo, según datos del DNP 14.247 jóvenes desplazados sin empleo en ese departamento”

El departamento de Antioquia también sufrió en el año 2010 desplazamientos masivos y una fuerte dinámica de presencia violenta de los grupos armados.

Las consecuencias del desempleo y el empleo vulnerable

El desempleo juvenil de víctimas del conflicto armado es más preocupante para un Estado social de derecho, que además de ser incapaz de garantizar sus derechos básicos en su antiguo lugar de residencia, actualmente no puede establecer una ruta expedita para la consecución de un empleo digno. Las jóvenes víctimas del conflicto armado carecen de experiencia laboral urbana y de redes sociales que los apoyen a buscar un empleo, su acceso a las oportunidades laborales es restringido por su bajo nivel educativo, la oferta laboral insuficiente y la demanda de mano de obra calificada con perfiles muy específicos que estos jóvenes no poseen.

El gran reto para el restablecimiento de los derechos de las víctimas en la generación de ingresos autónomos es la formación y la capacitación para el empleo, la inserción productiva en trabajo decente que contribuya a disminuir la brecha de las víctimas con los sectores más pobres de la población colombiana.

La mayor parte de población desplazada se emplea en el sector informal no asalariado, es decir, el rebusque en el comercio informal y otras actividades que no generan un contrato laboral con sus respectivas prestaciones sociales. Esta población tiene empleos vulnerables que se mide según: a) número de asalariados; b) lugar donde se realiza la ocupación.

“En Bogotá el 49% de los desplazados que trabajan son asalariados, Cundinamarca 35%, Santander 34.3% y Risaralda 33.6%. Los departamentos con menor porcentaje de asalariados son: Chocó 13.2%, Bolívar 14.2%, Nariño 14.4%, Sucre 14.5% y Cauca 14.6%. Los departamentos con mayores índices de empleo vulnerables (vendedores ambulantes, puerta a puerta y zorra. carreta) son: Atlántico 27.8%, Magdalena 23.9% y Sucre 23.5%.”

Algunas reflexiones

La situación de empleo y de generación de ingresos es dramática para la población víctima del desplazamiento forzado. Mientras la media nacional de desempleo era del 10.2% para el conjunto del país, estaba por encima del 36% para la población desplazada y cubría a más del 56% de las mujeres desplazadas, generando con ello una situación de vulnerabilidad muy alta. Por ello se entiende que la Corte Constitucional desde el año 2008 haya ordenado al gobierno el rediseño de las políticas de generación de ingresos y de estabilización socioeconómica.

Sin embargo, una de las falencias mayores en la política pública frente a las víctimas y de los mayores fracasos de los gobiernos tanto de Uribe como de Santos ha consistido en el fracaso de políticas que busquen la inserción productiva y digna de las víctimas a sus nuevos lugares de residencia. Una estrategia debería combinar múltiples opciones. Beneficios tributarios para las empresas del sector público y privado que tengan como política el enganche laboral y la formación para el trabajo decente de las víctimas, (2) programas de formación técnica y profesional donde el Estado se comprometa con becas que permitan a las víctimas su formación y posterior enganche laboral, la beca debe cubrir las necesidades básicas para garantizar que durante el proceso formativo no habrá deserción, (3) asesoría técnica y capital adecuado para emprendimiento de negocios productivos por parte de población víctima, (4) restitución de tierras y acompañamiento para el retorno o la reubicación en tierras adecuadas para el emprendimiento de actividades agrícolas productivas.

Una estrategia diversa con múltiples opciones debería ser puesta en marcha por el gobierno de manera urgente para evitar la degradación de la población víctima en riesgo de caer en la indigencia o en actividades degradantes como la prostitución o el ingreso a actividades ilícitas. La población víctima y sus organizaciones deberán abrir un debate nacional sobre su situación socioeconómica y plantear alternativas frente a su precaria situación. Al tiempo este debería ser un tema del debate presidencial en curso. Hay que tomar en consideración que según el registro único de víctimas se ha pasado ya de seis millones de los cuales 5.3 millones aproximadamente son víctimas del desplazamiento forzado. Esta población es la más pobre dentro de los pobres y es la más marginada socialmente.

 Recuperado de: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0391/articulo09.html

1.     1.      Criterios que consideran se podrían utilizar para incluir en los planes de desarrollo de   su municipio.

Prevención y atención

Protección de personas grupos y comunidades

Prevención de violación a los derechos humanos

Realización de planes de contingencia

 Atención y asistencia

Reunificación familiar

Atención humanitaria inmediata

Atención humanitaria de emergencia

Atención humanitaria de transición

Asistencia funeraria

Reparación integral de victimas

 Indemnizaciones

Alivio de pasivos

 Verdad y Justicia

Esclarecimiento de los hechos e identificación de responsables y Acceso a la información judicial sobre el esclarecimiento de los hechos y a la justicia

1.     2.      Aspectos centrales y principales de la situación.

Para su mayor efectividad los planes de desarrollo deben ser:

Para la implementación efectiva de la política de víctimas y restitución de tierras, la estrategia ideal es combinar de manera integral por un lado la focalización de acciones dirigidas a victimas dentro de los programas y proyectos establecidos en oferta social y económica para la garantía de derechos de todos los ciudadanos, mientras que por otro, establecer esquemas preferenciales, específicos y diferenciales (cuando corresponda) que requieren las víctimas para la superación de su condición de vulnerabilidad y la garantía plena de sus derechos.

Ello significa que, en la planeación, como punto de partida de una gestión orientada a resultados, se debe tener como propósito establecer productos específicos para todos los ciudadanos que vinculen acciones dirigidas a víctimas (escuelas, vías, distritos de riego, restaurantes escolares, programas de vacunación, proyectos de generación de ingresos, específicos, etc.)., contribuyendo al logro de resultados estratégicos en términos de: aumentos de cobertura y calidad educativa, disminución de tasa de morbilidad y mortalidad,(conectividad para el transporte de productos agrícolas, mejoras en las tasas de nutrición infantil, garantía de derechos, etc.

Esta articulación efectiva de los resultados produce entonces, un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida, en la superación de condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad y en el desarrollo integral económico y social de la entidad territorial. Asimismo, es necesario considerar que la implementación de la política de víctimas y restitución de tierras logra mayor efectividad si es incorporada en forma apropiada en la formulación del Plan de Desarrollo territorial especialmente si se tiene en cuenta que este será el punto de partida para la formulación detallada del Plan de Acción Territorial.

En este sentido, las acciones que materialicen la oferta programática contenida en el plan de desarrollo y traducida en planes, programas y proyectos debe enmarcarse en la garantía de los derechos que fundamentan las medidas y componentes de la política de víctimas. A partir de estos referentes hay tres alcances para la inclusión de las diferentes acciones de la Política de víctimas y restitución de tierras en el plan de desarrollo territorial.

La superación de la vulnerabilidad de las víctimas requiere adicionalmente acciones en materia de identificación, reunificación familiar y orientación ocupacional, que, aunque son responsabilidad de entidades del gobierno nacional, la entidad territorial debe garantizar el acceso de las víctimas de su territorio a estos servicios, para lo cual a partir de la identificación especifica de necesidades debe realizar las gestiones para apoyar su atención.

1.     3.      Que garantías tienen o no tienen las personas en condición de reinserción social y/o víctimas del conflicto armado de su municipio para el ejercicio de sus derechos

En el municipio de Mosquera la Política de Reintegración Social y Económica contribuye a la construcción de paz y el desarrollo, a nivel nacional y local, contempla el apoyo a las Personas en Proceso de Reintegración, mediante la inclusión de las mismas a las ofertas territoriales en temas de educación, salud, empleo, vivienda, formación ciudadana, emprendimiento. La política de reintegración establece que la reconciliación es uno de los principios básicos del proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Los espacios para la convivencia y la reconciliación fortalecen las bases sociales, económicas y culturales de las comunidades receptoras de población desmovilizada y favorecen la reconstrucción de la confianza entre los miembros de las comunidades, las autoridades e instituciones.

Dentro de los regímenes contributivo y subsidiado se ha verificado la vinculación de cada Población Participante Reintegrada - PPR y sus familias en el Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS, evidenciando que el 100 por ciento cuenta servicios en salud. De otro lado a nivel educativo se mantiene en conocimiento la oferta del municipio, en este sentido se puede reflejar que el 60 por ciento de la población cuenta con la aprobación del bachillerato y para el presente año se cuenta con un 10 por ciento vinculado a la oferta educativa del municipio.

La  vinculación al proceso de reintegración tal y como lo plantea el documento conpes 3554 desde el cual se generan los lineamientos para la política pública de reintegración social y económica, ésta busca generar un impacto directo en el desarrollo personal, familiar, educativo, productivo y comunitario de los desmovilizados, en pro de su reintegración como ciudadanos a un marco de legalidad

Esta pretensión imprime retos muy significativos a la construcción de programas públicos, puesto que traer un excombatiente a la legalidad implica aspectos como, la reconstrucción de su proyecto de vida; el restablecimiento de valores, ideologías e intereses; la readaptación a las condiciones de su entorno familiar y social; el abandono de su visión política armada subversiva y la recuperación de su confianza frente al estado, entre otras condiciones individuales y colectivas que sólo pueden ser abordadas en tanto la oferta de beneficios entregados se ajuste a sus verdaderas necesidades y expectativas.